Femicida “anduvo despidiéndose (antes del crimen) porque iba a caer preso”

La historia de dos mujeres asesinadas demuestra la falta de respuesta de las autoridades a los femicidios. “Frente a las autoridades, los agresores se comprometen a todo”

Juan Antonio Narváez Rocha mató en octubre de 2020 a su expareja Yorly Xiomara Cuadra tres meses después de que las autoridades policiales promovieron una mediación en la Comisaría de la Mujer y la Niñez de San Rafael del Sur, adonde ella llegó a acusarlo por violencia psicológica. 

 Tres citatorios envió la Policía Nacional a Narváez Rocha de 62 años, luego que ella presentó la denuncia. Hasta la tercera se presentó. Frente a los oficiales Yorly pidió que él se fuera de la casa, recuerda Verónica Cuadra, hermana de la víctima. 

—¿Esa casa es suya? —le preguntó el oficial que los atendió el día en que mediaron, recuerda su hermana.

—Yo la construí, pero está a nombre de él porque es su terreno —contestó Yorly. 

Yorly Cuadra fue asesinada por su ex pareja en 2020, después de una mediación.

La Policía adujo que no podrían exigirle que abandonara la vivienda, pese a la violencia psicológica que él ejercía. Solía quitarle el dinero de su venta de verduras y frutas, la amenazaba con sacarla de la casa y quitarle a su hijo de ocho años. Varias veces enllavó la casa e impidió que entrara y en muchas ocasiones la amenazó también con publicar contenido íntimo. 

Yorly Xiomara era trabajadora en el mercado municipal de San Rafael del Sur. Cada día, ella apartaba una cuota de las ganancias de su venta de frutas y verduras para pagar los préstamos que solicitó en una microfinanciera para construir su casa, y de la que su marido quería expulsarla. 

“Quería que se fuera sin nada, solo con las deudas”, cuenta su hermana.  

Fue asesinada el 30 de octubre de 2020, cuando tenía 35 años. Es uno de los 71 femicidios de 2020, según el Observatorio Voces de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, una cifra que difiere de las presentadas por las autoridades. La Policía Nacional documentó únicamente 21 casos en el mismo periodo.

Un crimen premeditado

Una noche antes de su muerte, Yorly pasó en vela cuidando a su mamá en un hospital capitalino, donde tenía dos meses de estar internada. Ella y dos hermanas, hacían roles de cuido que la obligaban a viajar con frecuencia a Managua, ubicada a 44 kilómetros de su casa.

Luego de las tres denuncias por violencia se separaron pero continuaron compartiendo la vivienda debido a que él no quiso irse. Sin embargo, las ausencias nocturnas de Yorly mientras cuidaba a su mamá en el hospital, lo enfurecieron, y la acusó de tener otra pareja. 

La noche del 29 de octubre, Verónica, su hermana, la vio triste. “Ella presentía lo que le iba a pasar”, lamenta. En el barrio de Yorly corrían los rumores sobre las advertencias de Narváez Rocha. “Anduvo despidiéndose porque iba caer preso, y que no lo iban a volver a ver”, cuenta 

 

Verónica Cuadra, hermana de Yorly, víctima de femicidio.

El 30 de octubre ella volvió del hospital para bañarse, ver a su hijo, y preparar su venta en el mercado municipal.

La apuñaló al salir del baño en presencia de su hijo. Ese día, la Policía llegó en menos de 15 minutos, porque la estación quedaba a menos de 2 cuadras de la casa. Pero ya era tarde.

“Me tocó vestir a mi hermana en Medicina Legal. Su cuerpo estaba mutilado”, recuerda con llanto Verónica, su hermana.

Juan Antonio fue condenado a 30 años de prisión y continúa encarcelado. El femicida recibió tres citatorios de parte de la Policía y acudió hasta el tercer llamado, sin ninguna exigencia de las autoridades.

Juan Antonio recibió tres citatorias por parte de la policía, meses antes del crimen contra Yorly, su ex pareja.
Sentencias de papel e impunidad

“Francisca” fue asesinada en una parada de buses de una comunidad rural matagalpina a las 11:00 de la mañana. La mató “Roger”, su ex esposo, a inicios de enero de 2011, cuatro meses después de sostener un acuerdo de mediación.

En septiembre de 2010, el agresor había sido condenado a 9 meses de prisión por amenazarla de muerte, pero el juez suspendió la pena un día después de dictarla. 

La Fiscalía en representación de la víctima acusó al agresor de “Amenazas en circunstancias de Violencia Intrafamiliar”, un delito no tipificado en el Código Penal, y que sirvió para que la defensa del acusado solicitara la suspensión de la pena y ofreciera el resarcimiento de los daños a la víctima.

La sentencia de suspensión de pena convocó a las partes a firmar el documento que obligaba al agresor a “no perturbar” a la víctima y a estar sujeto a la vigilancia del jefe policial de la comunidad. 

Documento que fue firmado por el femicida y Francisca tras sostener un acuerdo de mediación.

Pero poco tiempo transcurrió para que el agresor volviera a asediar la vivienda de “Francisca” y matarla. A diez años del caso, nunca lo detuvieron, aunque hubo una orden de captura.

Lucía, hija de Francisca, denuncia la negligencia policial con que atendieron el caso, y cómo han propiciado las condiciones para que el crimen contra su mamá prevalezca en la impunidad. “Al pasar los años he visto  que mi papá hizo una vida muy normal con una nueva familia, como si nunca pasó lo de mi mamá, como si no fuera un asesino”, cuestiona. 

Mediación: “una bomba de tiempo”  

Los femicidios de Yorly y de Francisca revelan que la negligencia estatal facilita no solo la impunidad sino que se cometan estos crímenes. La falta de atención especializada para temas de género en las estaciones de Policía, forma parte de las fallas del Estado en contra de las mujeres.

Las Comisarías de la Mujer, establecidas desde 1993 para atender casos de violencia contra las mujeres, fueron desarticuladas desde el 2013. Les quitaron recursos y personal hasta que las cerraron en 2016.

El 31 de enero de 2020 la vicepresidenta Rosario Murillo ordenó la reapertura de las Comisarías de la Mujer, pero las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que estas no ofrecen una atención integral especializada para atender los casos de violencia de género. 

Las mujeres tienen mucha desconfianza en ir porque estas comisarías reabiertas no tienen personal especializado que les atienda”, afirma Luz Marina Torres, Coordinadora del Colectivo 8 de Marzo.

Luz Marina Torres, Coordinadora del Colectivo 8 de Marzo.

En 2012 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia presentó la iniciativa de reformas que incluye la figura de mediación en la ley. 

Según el artículo 13 del Reglamento de la Ley 779, emitido por el Poder Ejecutivo en 2014, – a pesar de que no le compete legislar sobre la materia – la mediación es aplicable para casos de “delitos menos graves”, como violencia física si se provocan lesiones leves; violencia psicológica; patrimonial y económica; intimidación o amenaza contra la mujer; sustracción de hijos o hijas; o violencia laboral.

Una reforma no bien recibida por las defensoras de los derechos de las mujeres, y especialmente, por las familias de las víctimas. 

“Frente a las autoridades, los agresores se comprometen a todo, pero cuando vuelven a hogar, ahí solo está la víctima y el victimario. Ahí, ningún papel le sirve a la mujer”, lamenta Verónica Cuadra, hermana de Yorly.

En Nicaragua, no hay un dato sobre la cantidad de mujeres asesinadas tras participar en un proceso de mediación. Sin embargo, defensoras de derechos humanos aseguran que es un factor de riesgo.

“Una mujer en situación de violencia no puede mediar con el agresor, porque no está mediando, está colocándose en una condición de mayor vulnerabilidad”,  puntualiza Luz Marina Torres.