“Yo no duermo, yo tiemblo de miedo”

Felícita Cruz debe enfrentar las amenazas del asesino de su hija, quien la llega a amedrentar a la puerta de su casa.

Las noches de Felícita Cruz, de 72 años, se han convertido en una pesadilla, después que el Gobierno liberó bajo la figura legal de “convivencia familiar ordinaria”, al asesino de su hija, Nicolás Ambrosio Escalante Betanco.

Cada fin de semana asedia su casa y apedrea sus puertas, mientras según ella, lo ve acercarse con un machete en mano. “Me quiere matar, ¿para qué otra cosa va a venir?”, dice. 

Escalante Betanco conocido como “Colacho” fue liberado en mayo de 2020, mientras le faltaba por cumplir 26 años de prisión de 30 a los que fue condenado. 

Tras salir de la cárcel, el hombre ingresó por primera vez al patio trasero de la casa de doña Felícita el ocho de mayo del 2020 según su testimonio, y desde entonces, suele regresar en estado de ebriedad dos veces por mes en fines de semana.

“Yo no duermo, yo tiemblo de miedo. Laten los perritos, luego esa lámina suena cuando él la dobla y se mete. Ya viene el hombre mamá -me dice el chavalo (nieto)-, y lo vemos por unos hoyitos de la pared.  Viene volando piedras, furioso, después jinca la puerta (con el machete). (Se) Mantiene bolo. Pasa molestando de un lado y otro”, relata.

Felícita muestra las señas de machete que ha dejado el femicida de su hija. Vive con temor de ser asesinada también.

La madre de la víctima señala que la frialdad de “Colacho” con su hija fue tal, que  en abril de 2016,  después que  mató a machetazos a Fátima Justina Cuadra,  asistió al sepelio. 

La Policía capturó a Escalante Betanco después de que se fugó por cuatro meses, y posteriormente fue condenado a 30 años de prisión, de los que sólo cumplió cuatro en el Sistema Penitenciario de Chinandega.

Cuadra Cruz fue una de las 49 mujeres asesinadas en 2016, según el observatorio de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir. Los anuarios de la Policía documentó 15 en el mismo período de tiempo. 

Excarcelaciones ilegales

La liberación de Escalante Betanco es parte de un patrón de excarcelaciones promovidas por el Ejecutivo bajo la modalidad de Convivencia Familiar Ordinaria, lo que marca una contradicción con su discurso de protección de las víctimas. 

El 24 de agosto de 2020, la jueza de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Chinandega, Ángela Ramos, avaló la decisión del Ejecutivo, que a través del Sistema Penitenciario Nacional, ya le habían otorgado la libertad al reo en mayo del mismo año. 

Mientras que Felícita Cruz  nunca se enteró previamente de esa decisión del Gobierno, a pesar de que la Ley 745, Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, ordena al juez de ejecución de sentencia notificar a las partes involucradas sobre el cambio de régimen carcelario.

“Yo no he ido a los juzgados. A mí nunca me llamaron”, afirma. 

Para el Presidente de la Asociación de Abogados de Nicaragua, Marvin Bonilla, quien conoce el caso, es ilegal.  “La convivencia familiar no se otorga para los delitos graves. El reo de femicidio no es sujeto a este beneficio”, asegura. 

La liberación de Escalante Betanco y la de 24 mil reos comunes durante los últimos cinco años, según datos del Ministerio de Gobernación, es promovido por el Estado. Así lo declaró la Ministra María Amelia Coronel, durante un acto de excarcelación. 

Los medios afines al partido FSLN hacen propaganda de estas liberaciones masivas como dádivas de la pareja gobernante. También le llaman el “perdón presidencial”, una figura legal que no existe en el marco jurídico nacional. 

“No ha pagado por su crimen”
Felícita Cruz, expone que el femicida de su hija no cumplió la condena y asedia su casa.

Felícita Cruz continúa sin entender las razones por las que el Gobierno liberó al femicida de su hija. “No ha pagado por su crimen”, cuestiona.

Su vivienda,  marcada con un machete, advierte que la tragedia de su hija, en cualquier momento, podría convertirse en la suya. Mientras tanto, Felicita asegura haber asistido en dos ocasiones a la Policía en busca de ayuda, pero todavía continúa esperando una respuesta a su denuncia.

Organizaciones defensoras de mujeres, e investigaciones periodísticas han documentado que las excarcelaciones ilegales como la de Escalante Betanco, han dejado en libertad a centenares de hombres responsables de delitos graves de violencia de género, entre ellos, violadores y femicidas. Lo que resulta irónico de un Gobierno que a nivel de discursos dice proteger los derechos de las mujeres.