La justicia no llega ni con la cadena perpetua

Después del crimen de dos menores de edad, el presidente Daniel Ortega, ordenó aprobar una Ley de cadena perpetua que es inefectiva

Es una mañana de domingo del mes de febrero en la casa de Carmen Rodríguez en el municipio de Mulukukú. Un día “sagrado” y el más esperado para ella, porque visita una vez a la semana la tumba de sus niñas, ubicada en la comunidad rural de Lisawe, a media hora en bus de su casa, y a 275 kilómetros de Managua. 

Rodríguez es una mujer de pocas palabras y de mirada triste.Vive en una casa donada por el gobierno que le hace acordarse de su tragedia. Perdió a sus dos hijas, una de 10 y 12 años, luego que un supuesto amigo de la familia las violó y mató el sábado 12 de septiembre de 2020.

Rosario Soza Centeno, de 33 años, un vendedor de cerdos y conocido de Rodríguez,  fue en busca de las niñas, cuando ellas sacaban cangrejos en un río cercano a unos 400 metros de su vivienda y cuando sabía que ellas estaban sin su madre. 

“Encontré a mis niñas a las 4:40 de la tarde y empecé a llamar a la Policía y no contestaban. Todo mundo llamaba y llamaba. Eran las siete de la noche, y los policías solo decían – ya vamos -”, relata.

Carmen Rodríguez asegura que la casa que le donó el gobierno representa la desgracia de sus hijas

Sin embargo, capturaron a Soza Centeno la madrugada siguiente, en la comunidad El Tigre, a unos 12 kilómetros, de los hechos. El viernes 25 de septiembre, la juez Karla García, titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Violencia de Managua, lo condenó a 30 años de prisión. Esa era la pena máxima del sistema penal nicaragüense cuatro meses antes de que la Asamblea Nacional, controlada por el partido de Gobierno, reformara la Constitución Política para establecer la reclusión a perpetuidad en casos como estos, a propósito de la tragedia de Rodríguez.   

Ley de cadena perpetua “no es la solución”

Carmen Rodríguez vive en una región marcada por la violencia machista. Durante el 2020, 71 femicidios enlutaron a decenas de familias en el país, según el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, 45 de ellos fueron perpetrados en la ruralidad, y 13 en la Costa Caribe Norte, a la que pertenece el municipio de Mulukukú. 

Ella no está convencida de la efectividad de las prisión perpetua para reducir los índices de violencia. “No es la solución”, asegura. “Según el Presidente, es un apoyo que me dio a mí… pero no. Aprueben lo que aprueben (los agresores) no respetan”.  

El 19 de enero de 2021 entró en vigencia esta nueva medida, que hasta el momento las autoridades no reportan la condena de prisión perpetua de ningún femicida.

Abogados y defensoras de derechos humanos dicen que es una medida política e inconstitucional, y que no responde a la situación real de las mujeres. En su primer mensaje de promoción del establecimiento de la cadena perpetua,  el presidente Daniel Ortega amenazó con la misma, a la oposición política. Los llamó “demonios” y prometió castigarlos bajo el ambiguo concepto de “crímenes de odio”. 

Víctima de impunidad

En 2014, una de las niñas de Carmen Rodríguez fue violada por su padrastro, un caso que continúa en la impunidad y por el que ahora, tras el femicidio, recibió la promesa de las autoridades de que habrá justicia. No obstante, en ambos casos reina para ella el pesimismo.

Carmen Rodríguez vive con su hija menor. Sus dos hijas mayores fueron violadas y asesinadas.
Aunque Soza Centeno fue condenado por el femicidio y recluido en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, Rodríguez teme que esté libre. 

Las excarcelaciones de femicidas y autores de crímenes contra mujeres ejecutadas por el Ministerio de Gobernación, a pesar de que estos no cumplieran ni la mitad de sus penas, ha reforzado la desconfianza de Rodríguez en la justicia. 

Según ella, la policía local de Mulukukú no le ayuda a confirmar si Soza Centeno aún está tras las rejas. Lo que le llena de ansiedad y temor, por el trauma de impunidad de la que fue víctima junto a sus hijas.